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El nacional-conservadurismo (IV): La economía

El ámbito económico es uno en los que más claramente se distinguen las diferencias entre el nacional-conservadurismo y el viejo consenso de la derecha occidental. Desde la revolución conservadora de Reagan y Thatcher en la década de 1980, el grueso de los partidos de la derecha se desplazó hacia una posición económica más liberal, enfatizando las bondades de la privatización, la desregulación y el libre comercio. El hundimiento del comunismo soviético solo potenció esta tendencia, hasta que la última crisis financiera ha sembrado serias dudas acerca de la viabilidad de avanzar hacia una mayor liberalización, como dogmáticamente reclaman los libertarios. 

Por el contrario, tanto en la conferencia de Washington del año pasado como en la celebrada este febrero en Roma, podemos discernir una decidida voluntad de los principales representantes del nacional-conservadurismo de alejarse de estas políticas. Pero, ¿en qué se concreta esto en la práctica? ¿Es el nacional-conservadurismo estatista o incluso "socialista", como lo critican algunos? Es momento de dar respuesta a estos interrogantes.

Lo primero que hay que dejar claro es que el nacional-conservadurismo, como ya indiqué aquí, es una continuación y no un rechazo del legado de la tradición conservadora occidental, incluyendo la revolución de Reagan y Thatcher. En consecuencia, lo que se proponen los nacional-conservadores no es retornar a la situación en la que se encontraba Occidente en 1980, con un intervencionismo exagerado y miope que bloqueaba la creación de riqueza. Es evidente, por tanto, que el nacional-conservadurismo no es "socialista". La defensa de la propiedad privada y de la libertad económica forma parte inseparable del credo conservador, para el cual el comunismo siempre ha sido el mayor enemigo. En este sentido, la memoria de aquellos que se enfrentaron a la tiranía soviética en nombre de la libertad siempre pervivirá en el recuerdo de los nacional-conservadores. 

Lo que el nacional-conservadurismo incorpora, y que buena parte de la derecha había dejado de lado, es un reconocimiento de las fracturas sociales a las que una aplicación indiscriminada de los principios del libre mercado pueden dar lugar. Estas fracturas no se solucionan simplemente proponiendo "más mercado", tal y como reza el dogma libertario. No, se solucionan mediante una política intervencionista que, respetando las características esenciales de la economía de mercado, actúe en pro del bien común de la nación. De este reconocimiento de las imperfecciones del mercado, los nacional-conservadores extraen varias lecciones de política práctica.

En primer lugar, el nacional-conservadurismo defiende los servicios públicos esenciales y un determinado nivel de gasto social para mejorar la situación de los más desfavorecidos. No se trata de una política subvencionista clientelar orientada a crear votantes cautivos, pero sí de garantizar una mínima igualdad de oportunidades a quienes parten de una peor situación. Los servicios públicos, además, fomentan la cohesión social, y recordemos que una aspiración fundamental del nacional-conservadurismo es fortalecer la unidad de la patria. 

En segundo lugar, los nacional-conservadores, reconociendo las indudables ventajas del libre comercio, entienden que es necesario ofrecer una alternativa de prosperidad a aquellas comunidades y sectores que se ven perjudicados por este. Para estos, el gobierno debe colaborar diseñando planes de reconversión que permitan la recolocación de los trabajadores y la dinamización económica de las zonas afectadas, evitando que caigan en la dependencia de los subsidios públicos. Además, es preciso negociar con acierto los tratados comerciales para evitar condiciones desiguales y para favorecer, en la medida de lo posible, la posición de nuestra nación. Esto, evidentemente, no supone caer en el proteccionismo miope y patriotero ni desconocer la aportación del libre comercio a la prosperidad general. 

En tercer lugar, el nacional-conservadurismo debe enfatizar la tradicional función del Estado como garante de las reglas de juego y sostén de un marco institucional en el que se eviten abusos y posiciones de dominio por parte de las grandes empresas que controlan una elevada cuota de mercado. Y esto no únicamente tiene resonancias en la política de defensa de la libre competencia, sino también en el desarrollo de ciertos sectores que, por su relevancia para la economía nacional, requieren de una regulación más estricta y específica. En especial, el sector financiero (cuya adecuada supervisión reduciría la volatilidad y el riesgo de crisis) y el sector tecnológico (cuyo control de la información a través de las grandes plataformas debe ser contemplado con escepticismo y cautela).

En buena medida, lo que reclaman los nacional-conservadores es que la derecha recupere esa sensibilidad social que ha sido parte de un conservadurismo sensato desde Disraeli y Bismarck. En buena medida, esa labor integradora del poder público había sido eficazmente conciliada con la defensa del capitalismo y la iniciativa privada por los autores ordoliberales alemanes de mediados del siglo XX, creadores de la llamada "economía social de mercado" y cuyas ideas influyeron decisivamente en el milagro económico alemán posterior a la Segunda Guerra Mundial. Fue quizá Wilhelm Röpke (1899-1966) quien mejor personificó el espíritu de este grupo:

Más Allá de la Oferta y la Demanda, por Wilhelm Röpke | El Ojo Digital

"En efecto, la gloria del liberalismo económico no se habría mancillado si éste no hubiese quedado también a merced del racionalismo, haciendo cada vez menos caso de los límites y condiciones de orden sociológico que se imponen necesariamente a la libertad de mercado. Se creía seriamente que la economía de mercado regida por la competencia representaba un cosmos en equilibrio, un orden natural que sólo necesitaba ser defendido de los ataques desde el exterior para sostenerse sobre sus propios pies. (...) Se concedió, por lo tanto, a la economía de mercado plena autonomía dentro de la sociedad, y no se tomaron en consideración ninguno de los requisitos y postulados extra-económicos que han de cumplirse si se quiere que aquélla funcione. (...) No se quería admitir que la economía de mercado, para no hundirse y arruinar simultáneamente a la sociedad en general mediante una economía de intereses desenfrenados, necesita estar encuadrada en un sólido marco moral-político institucional".

Estas reflexiones escritas por Röpke en la década de 1940 y publicadas en su libro La crisis social de nuestro tiempo resumen a la perfección los fallos capitales del liberalismo económico ortodoxo y explican por qué requiere de correcciones. Restaurar ese marco moral-político institucional del que hablaba Röpke vuelve a ser la tarea de los conservadores de hoy. 

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