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El socialismo y la educación

El debate sobre el adoctrinamiento estatal en la educación está a la orden del día. Recientemente, las propuestas de cierto partido político español sobre el tema no han dejado de suscitar polémica. ¿Cuáles son los límites del poder del Estado en este ámbito? ¿Puede el Estado educar en "valores"? ¿Qué "valores"?

La discusión suele plantearse desde el punto de vista de la oposición entre el individuo y el Estado. Los adversarios del estatismo suelen recurrir al argumento de la libertad de elección de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, una libertad contrapuesta a la imposición arbitraria del poder público. Pero esta defensa, pese a su popularidad y simplicidad, resulta muy pobre desde el momento en el que se advierte que la libertad de los padres incide y condiciona la crianza y el desarrollo de los hijos. ¿Quién no está a favor de que los hijos crezcan en las mejores condiciones posibles? A partir de esta intuición básica, la réplica socialista solo tiene que hilar un poco más. Es obvio que el aprendizaje de los valores forma parte de la educación, y dada la posibilidad de que existan padres irresponsables o degenerados, ¿cómo defender una absoluta libertad de estos para educar? La caricatura del padre nazi o fanático religioso es muy socorrida en este punto. La conclusión está clara: compete al Estado impartir educación en valores. 

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Como en tantos otros temas, el argumentario liberal fracasa a la hora de oponer una defensa eficaz contra el estatismo socialista debido a su visión maniquea del problema. En efecto, no solo existen los individuos y el Estado. El individuo nace en una familia concreta. Todos nos desarrollamos en una familia. La familia, no el individuo, es la unidad social primaria. El problema del estatismo educativo no es que socave un derecho individual de los padres, sino que invade una esfera que corresponde a una unidad social diferente. La familia, como la empresa, la corporación o el municipio, son cuerpos intermedios entre el Estado y los individuos, y son los que posibilitan la acción social organizada sin necesidad de sujeción a los decretos del gobernante. Los límites del poder público se determinan mediante el principio de subsidiariedad: el Estado no deberá asumir para sí ninguna función que pueda ser desempeñada por un cuerpo social inferior. 

El gran jurista Juan Vallet de Goytisolo resumía a la perfección este principio:

"[...] la sociabilidad humana no se desarrolla en un solo grado, en una única comunidad política totalizante, sino en distintos órdenes y graduaciones de comunidades humanas. Por eso el Estado no es una comunidad de individuos sino una sociedad de sociedades; y, a través de ellas, la sociabilidad humana se desarrolla de un modo natural y escalonadamente, sin que las formas más elevadas deban absorber a las inferiores, sino complementarlas para el logro de los fines que estas no alcancen". 

La agresión colectivista solo se combate, en suma, con una sociedad fuerte, no mediante vanos discursos que en demasiadas ocasiones ocultan intereses inconfesados. 

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